lunes, 26 de junio de 2017

Posiciones en la Sentencia de la Ley Estatutaria de Salud

Medellín, 05 Febrero 2015 13:59

Por: Hernán Gaviria Quintero
Médico Especialista en Gerencia de Servicios de Salud

Docente área de postgrados en Seguridad Social
E-mail: 
hgaviriaq@gmail.com

En el debate promovido por la Corte Constitucional en relación con el articulado de la Ley Estatutaria de la Salud relativo a los Determinantes Sociales de la Salud1, también permitió conocer interesantes posiciones ideológicas frente al tema de Salud como Derecho Fundamental.  La inclusión de los Determinantes, consideró la Corte, son parte del contenido de una Ley de esta naturaleza “[ por] tratarse del catálogo de derechos para las personas en relación con el derecho fundamental a la salud y los correlativos deberes en cabeza del Estado”2, en oposición a aquellas vocerías como la Universidad Externado de Colombia que sostuvo que los Determinantes son una disposición no sustancial que debería descalificarse como tal de una Ley de esta naturaleza3, o como la Facultad de Medicina del CES –Universidad CES-Medellín- quien afirmó que los Determinantes incumbe a otros sectores que, aunque repercute en la salud, no constituye su problema porque, según ellos, se introdujo un problema de contexto que podría resultar contradictorio a los conceptos ya establecidos; además que hablar de los “determinantes “de la salud” [sería aceptar] como los determinantes de la aparición de la enfermedad”.

Semejante retroceso obligaría a traer a este escenario a los profesores Héctor Abad Gómez cuando en 1975 habló del “Origen Social de la desnutrición y la violencia” o cuando por la misma época Alberto Uribe Vasco presentó su libro “Salud, Medicina y Clases Sociales”.  Podrían incluso llamar a la Corte de “subversiva” cuando acogió citas de Lema Añon, “No tendría que ser muy difícil ver las intensas relaciones que existen entre la salud de las personas, la estructura socioeconómica, la justicia social y los derechos humanos”4 o, “se puede decir sin exageración que la desigualdad es el principal problema de salud pública y que la injusticia es mala para la salud”5.  Pero más desafortunada fue la intervención de la Procuraduría General de la Nación, no sabría decir si por su catadura reaccionaria o por su marcada ignorancia del tema; aceptó a regañadientes la inclusión del articulado de los Determinantes, pero en su malsano “entendido” que se debería referir sólo a vacunación gratuita, incremento de la “educación sexual responsable y basada en los valores del aula [con el uso] obligatorio de las tecnologías de información y comunicación”, en el debido y apropiado lavado de manos utilizando agua y jabón, control de la “malaria o paludismo” y la “ promoción masificada de la salud física y mental para controlar el estrés en todos los ámbitos de la sociedad”6.  A semejantes estupideces se debería agregar modales del buen comer, como masticar con la boca cerrada y no hablar.  Que dirán los legisladores sobre el “entendido” de su iniciativa en la mente del Procurador.

Ha quedado plasmado en el acumulado jurisprudencial de la Corte la noción de salud, “capacidad del ser biológico para funcionar en sociedad, no como capacidad potencial sino actual”7 o como magistralmente lo definió Vasco “Salud como Bien-Estar: Capacidad de funcionar adecuadamente y de disfrutar del funcionamiento”8.  También expresamente lo advirtió el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –PIDESC– de las Naciones Unidas en su Observación 14 “El Derecho a la Salud no debe entenderse como un Derecho a estar sano”.  La Corte ratificó que “la búsqueda de la igualdad, como rango constitucional” o la adopción de políticas públicas tendientes a reducir las desigualdades es un deber del Estado.  De ahí el por qué para la Corporación, la concepción de la salud debe incorporar los Determinantes y cita un ejemplo “no cabe duda que la carencia de agua potable o las deficiencias nutricionales, solo para mencionar dos ejemplos, contribuyen al deterioro de la salud”9.

Fue reiterativa la Corte en acoger el contenido de la Observación 14 –Artículo 14 párrafo 4– del PIDESC “el derecho a la salud comprende una “amplia gama de factores socioeconómicos que promueven las condiciones merced a las cuales las personas pueden llevar una vida sana, y hace ese derecho extensivo a los factores determinantes básicos de la salud, como a la alimentación y la nutrición, la vivienda, el acceso al agua limpia…”10.  Para quienes se dedican a labores asistenciales o de curación, resultó contundente la cita traída por la Corte, “el legislador considera que la mejora de la salud no es asunto de los médicos, bien se ha dicho “la ciencia médica es responsable de sólo una pequeña parte del aumento de la esperanza de vida que se ha producido en las últimas décadas”11.  De paso, respondió al Procurador que la carencia de agua potable y la ausencia de redes de alcantarillado hacen insuficientes la información de las bondades del lavado de manos con jabón.

Ese fue parte del debate que nos debe motivar a estudiar.

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1 Sentencia C-313 de 2014 de revisión Proyecto de Ley 209 de 2013 Senado y 267 de 2013 Cámara Artículo 9
  
2 Ibid, pág. 365

3  Ibid, pág. 364

4 Sentencia C-313 de 2014,  pág. 367. Cita Lema Añon.C, Salud, justicia (…) pág. 248-249
  
5 Sentencia C-313 de 2014,  pág. 367. Cita Vidiella G., Igualdad y Derechos Básicos: el caso de la salud […] Buenos Aires 2012, pág. 465

6  Sentencia C-313 de 2014, pág.363

7  Corte Constitucional, Sentencia T-366 de 1993

8  ASMEDAS Antioquia, Congreso Colombiano de Salud Ocupacional, Vasco, Alberto.  Salud, Trabajo y Sociedad, Medellín, 1994, Editorial Endymion

9  Sentencia C-313 de 2014, pag.365

10  Ibid, pág. 367

11  Ibid, pág. 368
La Ley Estatutaria de Salud abre el debate y la movilización

Medellín, 27 Enero 2015


Por médico Hernán Gaviria Quintero
Médico Especialista en Gerencia de Servicios de Salud
Docente universitario en áreas de Postgrados en Seguridad Social


Muchas lecciones quedan por aprender de la Sentencia C-313 de 2014 de la Corte Constitucional en su revisión de control al Proyecto de Ley Estatutaria, por medio del cual se declaró la salud como derecho fundamental, que inexplicablemente el gobierno, después de dos meses, se niega a sancionar y publicar. Fue la Corte prudente en señalar que la conveniencia u oportunidad de dicha ley fue potestad del legislador y que sólo le correspondió examinar que su articulado, que tardó un año en estudiar, no riñera con el espíritu de la Constitución de un Estado Social de Derecho.

Abierto el debate de revisión, participaron en él diversas organizaciones gremiales, sindicatos, ONGs; algunas universidades; la Academia Nacional de Medicina, que se abrogó el derecho a reclamar como su gestora; la Asociación de Internos y Residentes –ANIR--; asociaciones de Usuarios; algunos ciudadanos de manera individual; gremios de aseguradores en salud; organismos de vigilancia y control -la Contraloría General, la Procuraduría, Superintendencia Nacional de Salud y Defensoría del Pueblo-; Ministerios como el de Hacienda y Salud, entre otros. Sus puntos de vista fueron expuestos mediante escritos o a través de su participación en las audiencias públicas. Debe motivarnos conocer las posiciones ideológicas y políticas en torno al tema de la regulación del derecho fundamental de la salud y demás disposiciones que lo apuntalan. En los debates se observó que algunos se resisten a aceptar que estamos en un Estado de Bienestar o Social de Derecho, como lo fue la Procuraduría General de la Nación.

La Corte retomó todo ese acumulado doctrinario desarrollado a partir de la Constitución de 1991; el que tanto ha recreado a la academia; que tantos disgustos ha provocado a algunos actores del Sistema de Seguridad Social; que ha sido talanquera para quienes se han desembocado en su única intención de atesorar ganancias; que ha frenado a gobiernos en su intento reformista de pensar tan solo en los intereses del mercado; que ha convertido la acción de tutela en la única herramienta para que el ciudadano defienda su vida y su salud.

La declaratoria final, de que Ley Estatutaria se ajusta a nuestro ordenamiento constitucional y que con la entrada en vigencia luego de su sanción, "constituye el primer paso de una política de reforma en materia de salud, encaminada a reestructurar todo el sistema imperante, el cual se tornó insostenible dada la multiplicidad de problemas que lo aquejan" según Asocajas1, nos coloca en la antesala agitadas reformas al Sistema. Aún con la salvedad de la misma Corte, que su vigencia la determina el legislador, desde ya para muchos, la Ley Estatutaria es de aplicación inmediata, puesto que no se puede entender que su postergación, a través de la expedición de leyes ordinarias, decretos reglamentarios o su transición “impidan la plenitud de la vigencia de los mandatos como principios y garantía del goce del derecho"2. Esta consideración nos coloca en que se debe abrir a un gran debate y movilización en torno a las reformas que desarrollarán tales contenidos. Será claro que sus elementos y principios entrarán en vigencia una vez sancionada. El principio “pro-homine”, el de la favorabilidad, desde ya deberá hacer parte de las reclamaciones de muchos ciudadanos, aún sin expedición de las leyes reglamentarias a que hubiere lugar; principio que también se deberá invocar para el cumplimiento de tratados internacionales, que pese a su incorporación en nuestro ordenamiento interno, tímidamente se cumplen o son letra muerta.

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1. Corte Constitucional, Sentencia C313 de 2014, pag. 520

2. Corte Constitucional,Sentencia C 313 de 2014, pag. 522