Por : Hernán Gaviria
Quintero MD[1]
Recientemente la Corte
Constitucional ha emitido su sentencia C-313 de 2014, por medio de la cual hizo
una extensa revisión al Proyecto de Ley Estatutaria No.209 de Senado y 267 de
Cámara, de la que se ocupó aproximadamente un año. Abierto el debate, participaron
en él diversas organizaciones gremiales, desde sindicatos, ONGs; universidades, la Academia Nacional de
Medicina que se abroga reclamar su derecho como gestora, la Asociación de
Internos y Residentes – ANIR-, Asociaciones de Usuarios, algunos ciudadanos
individualmente, gremios de aseguradores en salud, organismos de vigilancia y control como la
Contraloría General, la Procuraduría, Superintendencia Nacional de Salud y
Defensoría del Pueblo, Ministerios como el de Hacienda y Salud ente otros. Sus
puntos de vista fueron expuestos mediante escritos o a través de su
participación en las audiencias públicas. Debe motivarnos conocer sus
posiciones ideológicas y políticas en torno al tema de la regulación del
derecho fundamental de la salud y demás disposiciones que lo apuntalan. En los
debates se observa que, algunos se resisten a aceptar que estamos en un Estado
de Bienestar o Social de Derecho. La Corte tuvo la oportunidad de retomar todo
ese acumulado doctrinario que ha desarrollado a partir de la Constitución de
1991; que tanto ha recreado la academia;
que tantos disgustos ha provocado a algunos actores del Sistema de
Seguridad Social; que ha sido talanquera para quienes se han desembocado en su
única intención de atesorar ganancias; que ha frenado a gobiernos en su intento
reformista de pensar tan solo en los intereses del mercado; que ha convertido
la acción de tutela en la única herramienta para que el ciudadano defienda su
vida y su salud.
No podemos concebir una
Especialización como Gerencia de la Seguridad Social, ajena a escudriñar ese
debate entre Salud Pública y Seguridad Social y su fuerte participación del
Estado; oportunidad que nos brinda esta sentencia. No podemos concebir la
especialización en que centremos la atención en la simple funcionalidad
financiera e institucional de los nuevos sistemas implantados[2].
Con la declaratoria por
parte de la Corte, que Ley Estatutaria se ajusta a nuestro ordenamiento
constitucional y con la entrada en vigencia luego de su sanción, “constituye el primer paso de una política de
reforma en materia de salud, encaminada a reestructurar todo el sistema imperante,
el cual se tornó insostenible dada la multiplicidad de problemas que lo aquejan”
según Asocajas[3];
es decir la antesala de nuevas y agitadas reformas al Sistema. Aún con la salvedad de la misma Corte, que su
vigencia la determina el legislador, desde ya para muchos la Ley Estatutaria es
de aplicación inmediata, puesto que no se puede entender que su
postergación o transición “ impidan la
plenitud de la vigencia de los mandatos como principios y garantía del goce del
derecho[4]. Esta consideración nos coloca en que desde ya se dará inicio a un
gran debate en torno a las reformas que por medio de leyes ordinarias
desarrollarán tales contenidos. También será claro que sus elementos y
principios serán vigentes, una vez
sancionada, conforme al principio “pro-homine”, de la favorabilidad, lo que
desde dará lugar a múltiples
reclamaciones por parte de los ciudadanos, aún sin expedición de las leyes
reglamentarias a que hubiere lugar.
Los estudiantes interesados en conocer la
mecánica legislativa, podrán revisar las distintas actuaciones y procedimientos
adelantados en su trámite. Para el propósito que nos anima, sugeriría abordar
su estudio a partir del numeral V EXAMEN DE FONDO DEL PROYECTO DE LEY
ESTATUTARIA ( pag.172) bajo el siguiente esquema:
1.
La salud como derecho que trasciende
consideraciones meramente médicas y alcanza dimensiones sociales; su dimensión
como servicio público; el marco jurídico y su acumulado jurisprudencial y los mandatos constitucionales( pag. 172 a
197).
2.
El
derecho a la salud como derecho fundamental, su evolución jurisprudencial en
especial el abandono del criterio de la conexidad con la vida, hasta llegar al
pronunciamiento definitivo del derecho fundamental autónomo – Sentencia
T-760/2008 – ( pag.213 a 214 )
3.
Los propósitos de la Ley Estatutaria y
algunas consideraciones sobre los cuestionamientos al proyecto ( pag. 214 a
222).
4.
Consideraciones específicas sobre el
articulado: Pese a la importancia de cada uno de ellos, en aras de facilitar su
debate no se podrá analizar su totalidad, sino los relevantes de acuerdo a las
necesidades de la especialización; se deberá conservar la metodología de la
misma sentencia, esto es: el precepto
aprobado, las observaciones de los intervinientes y las consideraciones de la
Corte.
4.1.
Artículos 1,2,3 ( páginas 223 a 245): Objeto,
naturaleza y contenido del derecho fundamental; ámbito de aplicación
4.2.
Artículos 4,5: su énfasis en la protección
del derecho; los aportes sobre sostenibilidad financiera y política de
medicamentos ( páginas 279 a 281).
4.3.
Artículo 6: Consideraciones sobre los
elementos que integran el derecho y los principios ( página 281 a 342).
4.4.
Artículo 8: Conceptos sobre la integralidad
de los servicios de salud ( páginas 348-361)
4.5.
Artículo 9: Determinantes Sociales de la
Salud ( páginas 361-370)
4.6.
Artículo 10: Derechos y deberes ( página
370-400)
4.7.
Artículo 15: Prestaciones de Salud. Alcances
del POS y de las exclusiones.
4.8.
Artículos 16-17 y 19: Procedimientos
resolución de conflictos por parte de los trabajadores de la salud. Autonomía
Profesional. Respeto por la dignidad de los profesionales de la salud ( páginas
462 a 490).
4.9.
Artículos 20-22-23: Políticas Públicas en
salud. Política de innovación, ciencia y tecnología en salud. Política
farmaceútica nacional ( páginas 495 a página 507).
4.10. Artículo
24: Disponibilidad de servicios en zonas marginadas y elementos conceptuales de
población marginada ( pag. 507-515)
Medellín, 3 de enero de 2015
[1]
Médico, Especialista en Salud Pública y Gerencia de Servicios de Salud, docente
área de postgrados Universidad Cooperativa de Colombia-Seccional Quibdó y
Universidad Autónoma Latinoamericana-Medellín, e-mail:
hgaviriaq@gmail.com
[2]
Cardona-Alvaro, Salud Pública, Estado y Sociedad. Grupo Historia de la Salud,
Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia, 2013, pag.139
[3]
Sentencia C 313 de 2014, Corte Constitucional, pag.520
[4]
Sentencia C 313 de 2014, Corte Constitucional, pag. 522
