lunes, 26 de junio de 2017

UNA EMPLEADA DE SERVICIO DOMESTICO CONTRA EL EMPORIO “SURA”
Medellín, diciembre de 2015     
Por: Hernán Gaviria Quintero MD[1]

Maria Camila Loaiza Rodríguez, es una empleada de servicio doméstico, afiliada a EPS SURA, ARL SURA y al FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION del Grupo SURA. Solicitó que fuera calificada por una posible invalidez derivada de doce deficiencias ( enfermedades) que le imposibilitan trabajar; para cumplir sus labores en su casa debe apoyarse en su esposo o en los vecinos, mas no hay quien le dé apoyo, a pesar de las restricciones ordenadas,  en las labores domésticas para las que ha sido contratada desde hace doce años. Padece serios trastornos osteo-musculares de hombros, codos, muñecas, columna y rodillas, debidamente documentadas por su EPS, pero que su ARL desconoce como derivados del trabajo, a pesar de que todos ellos figuran en la nueva Tabla de Enfermedades Laborales[2]. También sufre de Depresión, Hipotiroidismo; le fue practicada una histerectomía y anexectomía parcial; los trastornos de vértigo y disminución de la audición afectan su vida laboral y social. Por presentar mas de cinco puntos dolorosos le “acomodaron” una fibriomialgia, cuya definición aún no aparece en la clasificación internacional, y que los evaluadores optaron por asimilarla a Mialgia Generalizada. Como dicen los abogados, por economía procesal, la Junta Regional de Calificación, sin que esto sea un procedimiento legal,  decidió agrupar en cuatro deficiencias parte de los todos los trastornos antes enumerados: vértigo, mialgia generalizada, gonartrosis bilateral e histerectomía, para de esta manera sumar un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 24.83%, que sumadas a las variables de discapacidad y minusvalía ascendieron a un total de 39.63%. Por arte de magia de los peritos de la Junta Regional, desaparecieron la depresión, el síndrome de manguito rotador, la epicondilitis, el túnel carpiano, los trastornos intervertebrales de columna dorso-lumbar, los trastornos auditivos, que, de haberlos valorado por separado superarían ese porcentaje asignado. La “tacañería” de los peritos o Junta Regional en favor del Fondo de Pensiones, en fijar la pérdida de capacidad laboral y ocupacional por debajo del 50%, como forma de escabullir la pensión. Por supuesto que para la ARL SURA, del grupo SURA, la enfermedad laboral es inexistente y la EPS SURA, del grupo SURA, frente a las repetidas quejas de la trabajadora se hizo la de la vista gorda y como solución encontró a las Clínicas del Dolor y, al FONDO DE PENSIONES solo le restó vigilar que las calificaciones no lo condenen a asumir pensiones de invalidez. La trinca de los negociantes del “gigante” SURA, con unos árbitros a favor, como lo es, en la mayoría de los casos, la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACION DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA, que con su deliberado desconocimiento, en sus decisiones oculta los alcances de la nueva Ley de Riesgos Laborales[3] que invirtió la carga de la prueba, la responsabilidad objetiva de quien crea el riesgo; el factor de riesgo, la ocupación y la enfermedad[4] en la demostración de la causalidad; el  procedimiento que les obliga a poner a disposición de las partes sus argumentaciones de hecho y de derecho[5]; a acoger el nuevo manual único de calificación de pérdida de capacidad laboral y ocupacional[6] y ante todo el diligenciamiento de un formato donde conste todas las variables evaluadas[7]. Exigencias que por supuesto le permitirían a la trabajadora, asumir sus objeciones  frente a esos “inquisidores” que añoraran mantener su capucha y el silencio frente a las tormentas que le han propiciado.
María Camila, en su condición de empleada de servicio doméstico, no ha podido contactar al recién creado sindicato que podría defender sus intereses; se ha sentido marginada del llamado Sistema Integral de Seguridad Social; la enfermedad derivada del trabajo para ella es una interpretación lejana; los puntajes y criterios para fijar su pérdida de capacidad laboral y ocupacional le son difíciles de manejar y sobre todo, la amilana enfrentar al emporio SURA, con su trinca EPS, ARL y FONDO DE PENSIONES, con árbitros gratuitos de por medio como la Junta Regional de Calificación, como una odisea difícil del superar. No queda otro camino que la denuncia y la solidaridad de los demás trabajadores se haga sentir en este caso, para que Maria Camila logre la pensión de invalidez que le pretende birlar el emporio SURA.





[1] Médico, Especialista en Salud Pública y Gerencia de la Seguridad Social, docente postgrados en Seguridad Social, e-mail: hgaviriaq@gmail.com
[2] Decreto 1477 de 2014 por medio del cual se adoptó la Nueva Tabla de Enfermedades Laborales
[3] Ley 1562 de 2012
[4] Decreto 1477 de 2014 Nueva Tabla de Enfermedades Laborales
[5] Decreto 1352 de 2013, que definió el procedimiento de las Juntas de Calificación
[6] Decreto 1507 de 2014, nuevo Manual Unico de Calificación de Pérdida de Capacidad Laboral y Ocupacional
[7] Resolución 3745 de 2015 del Ministerio de Trabajo



Acabar con la Protección Laboral Reforzada es un golpe a los trabajadores con algún tipo de discapacidad

Medellín, 03 Diciembre 2015 16:01
Por : Hernán Gaviria Quintero 1

En el periódico El Espectador2 apareció un artículo “Trabajadores en condición de discapacidad podrían perder protección” según proyecto de ley presentado al Congreso. Naturalmente esto prende alarmas, no sólo en los trabajadores, sino que echaría por tierra importantes acumulados jurisprudenciales de la Corte Constitucional.

El pasado mes de julio fue propuesto al Senado el Proyecto de Ley 018 por los Senadores3 y Representantes del partido de la Unidad Nacional, con el engañoso título “ Por el cual se promueve el acceso al trabajo para personas con discapacidad y se dictan otras disposiciones”.  Fue enviado a la Comisión Séptima el 30/07/2015 y no se ha vuelto a tratar el asunto. Reconocen los proponentes que la estabilidad laboral reforzada para personas con discapacidad se deriva del Artículo 53 de la Carta como norma antidiscriminación, pero que hay “evidencia empírica”, en lenguaje de buenos manzanillos, que tal prerrogativa puede producir efectos negativos contra tal población; según ellos, el 78% de los empresarios4 se abstendrían de contratar personas con discapacidad por las “talanqueras” del Artículo 26 de la Ley 361 de 1977. Agregan que los movimientos asociativos de personas con discapacidad apoyan acabar con el mencionado articulo.  Efectivamente, el Artículo octavo del proyecto da la puñalada certera: “Derógase el Artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y las demás disposiciones que le sean contrarias”.  Y suman otro artículo al berenjenal jurídico que modifica el Artículo 103 B del Código Sustantivo del Trabajo: “1.  Ninguna persona con discapacidad podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su limitación, salvo que medie autorización de la oficina de Trabajo”; el asunto es aceptar o no la intervención previa del Ministerio de Trabajo. La ex senadora Marta Lucía Ramírez también tuvo en la mira esta prerrogativa ; mediante el Proyecto de Ley 129 de 2008, como artículo único solicitó la derogatoria relacionada con la protección laboral reforzada, porque según ella ha sido “malinterpretado por los Tribunales porque crea barreras de ingreso al mundo laboral”. El Presidente de Fenalco adujo que “ son protecciones negativas. Aunque son pocos los casos, hay empleados de esta condición que no son buenos trabajadores y son meritorios de despido por justa causa. Y para las empresas se ha vuelto un yugo este proceso”5
Es necesario precisar el alcance de lo que se pretende arrebatar al trabajador.  La jurisprudencia se refiere, no a los que aspiran a ingresar a una empresa, para lo cual hay incentivos como deducciones al impuesto de renta y otras gabelas, sino a aquellos que deben permanecer en su empleo ““luego de haber adquirido la respectiva limitación física, sensorial o sicológica, como medida de protección especial y en conformidad con su capacidad laboral […] esta garantía constitucional, es predicable de aquellos sujetos con limitaciones de salud para desarrollar cierto tipo de actividades laborales.  Cobija a quienes padecen algún tipo de problema en su estado de salud que les impide realizar sus funciones”6.  Es demostrable que son más los trabajadores que adquieren enfermedades derivadas del trabajo o agravadas por él, que los discapacitados que aspiran a ingresar.  De esta manera, los trabajadores, reconocidos como personas en estado de debilidad manifiesta, pueden acudir a la acción de tutela como procedimiento preferente y sumario para exigir el reintegro laboral cuando son despedidos sin mediar esa autorización especial, independiente además de cualquier tipo de vinculación, como forma de frenar decisiones arbitrarias del empleador.  Ahora, cuando se apela a este tipo de autorización, corresponde al empleador demostrar que pretende acabar con el vínculo laboral, no en razones de la limitación física, sensorial o psicológica, sino por causas objetivas demostrables y sin posibilidades de reubicación laboral, mas no discriminatorias, como análisis previo por parte de la oficina del trabajo.

Según algunos investigadores, a favor de los empleadores, se deben facilitar “medidas que permitan que dentro de las empresas existan mecanismos especiales que garanticen la remoción de las barreras comunicativas, físicas y actitudinales”7.  Valdría la pena preguntar a los trabajadores que han sido reubicados por instrucciones de la EPS o de la ARL, el porqué de la discriminación y acoso laboral a que son sometidos cuando se dan estas circunstancias; no son despedidos gracias a la protección laboral reforzada, de mucho desagrado para empleadores y para algunos políticos.  Lástima que una gran mayoría de los trabajadores desconozcan esta amparo o sus organizaciones no la tienen en sus luchas reivindicativas.  El problema no es facilitar el ingreso al mundo laboral de los discapacitados, sino cómo sacar de ese espacio, por intereses del empleador, a quienes padecen limitaciones físicas, sensoriales o psicológicas derivadas del ambiente laboral o agravadas por él, que les merma su capacidad laboral.

Medellín, 19 de noviembre de 2015
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1. Médico, Especialista en Gerencia de Servicios de Salud y Salud Pública, docente Postgrados en Seguridad Social, e-mail: hgaviriaq@gmail.com

2. Periódico El Espectador – Sección El Salmón pág. 4 del 15/11/2015

3. Encabezan dicha iniciativa los senadores Armando Benedetti, Óscar Mauricio Lizcano, Germán Darío Hoyos y otros más

4. Según los proponentes se apoyan en un estudio del Programa Empresarial de Promoción Laboral para Personas con Discapacidad del Pacto de Productividad

5. Periódico El Espectador – Sección El Salmón pág. 4 del 15/11/2015

6. Corte Constitucional Sentencia T-041 de 2014

7. Periódico El Espectador – Sección El Salmón pág. 4 del 15/11/2015