El sindicato patronal PROENSALUD de la IPS Universitaria niega la salud y otras prestaciones a sus trabajadores

Medellín, 09 Septiembre 2015

Publicado en: http://asmedasantioquia.org/noticias/laborales/6851-el-sindicato-patronal-proensalud-de-la-ips-universitaria-niega-la-salud-y-otras-prestaciones-a-sus-trabajadores

Por Hernán Gaviria Quintero
Médico, Especialista en Gerencia de Servicios de Salud y Salud Pública
Docente de la Especialización en Seguridad Social de las Universidad Autónoma Latinoamericana y Universidad Cooperativa de Colombia
E-mail: hgaviriaq@gmail.com 

Apoyado en una equivocada interpretación de la Resolución 2634 de 2014, el llamado SINDICATO PROENSALUD, que agrupa a más de 600 profesionales de la salud (médicos especialistas, médicos generales, nutricionistas, psicólogos, trabajadores sociales, odontólogos, higienistas orales, veterinarios, terapistas respiratorios, fisioterapeutas, citohistopatólogos), de las regionales APARTADO, BARRANQUILLA, MEDELLÍN Y SAN ANDRÉS, les comunicó, según Circular Informativa 17444CE110615 del 11/06/2015, que a partir del 1 de junio de 2015 figuran ante el Sistema de Seguridad Social como “Independientes”.  En esa fecha, de manera unilateral, todos los aportes fueron sobre un salario mínimo, con la salvedad que dicho “sindicato” asumiría por única vez el pago de las diferencias por concepto de incapacidades y licencias de maternidad en relación con el Índice Base de Cotización que en verdad se debió pagar.

Lo anterior significó que a partir del mes de julio de 2015, todos los trabajadores afiliados a PROENSASALUD aparecieron en el Sistema como “INDEPENDIENTES”, porque su patrono decidió trasladarles el pago total de la contribución.  Dicen en la carta de notificación que esto lo hacen porque “ los costos que implicaban a la empresa hacer el pago bajo la figura de afiliado participe” no les es rentable. Luego, ¿ya no son afiliados participes?  Son estas las maniobras de la tercerización, que antes hacían las llamada Cooperativas de Trabajo Asociado.

Ahora a los trabajadores de la salud contratados por la IPS UNIVERSITARIA les tocará asumir la afiliación al Sistema de Seguridad Social como independientes; quizás algunos para defender sus bajos ingresos, lo harán bajo salarios inferiores al recibido y caerán en la llamada ELUSIÓN, que más tarde los afectará cuando traten de reclamar sobre sus incapacidades, bien por enfermedad común o laboral y sobre todo sobre sus aportes pensionales.  También PROENSALUD justificó las formas de evadir sus aportes parafiscales al SENA y al ICBF con sus afiliados como cómplices, caso sobre el que deberá tomar nota el Ministerio de Trabajo.  Para algunos trabajadores, no ha quedado claro, en que Fondo de Pensiones y Cesantías están las llamadas “consignaciones de la compensación”, puesto que sólo a partir de la Circular 1606CE160215 del 16/02/2015 se reconoció tal obligación pero a partir del 1/01/2015.

ASMEDAS, como ha sido de público conocimiento, se ha sumado a las protestas y reclamaciones que ha hecho la red hospitalaria por las abultadas deudas de las EPS, como los aproximadamente diez mil millones de pesos que en el primer trimestre denunció PROENSALUD a la IPS UNIVERSITARIA.

Pero para ASMEDAS debe ser claro que los llamados CONTRATOS SINDICALES, como los PROENSALUD, no son más que formas de tercerización que golpean al trabajador y que a las bajas remuneraciones se suman la succión que hacen los “nuevos mercaderes de la fuerza laboral” que se quedan como más del 40% de lo que debería corresponder al trabajador.  Reitero, que como lo anoté al principio, es una equivocada interpretación de la norma que busca eximir al “pagador – empleador –“ de sus aportes derivados del contrato sindical.  Lo que pretendió la Resolución 2634 de 2014 fue simplemente ordenar los conceptos de “descripción del aportante, la validación y origen de sus datos” porque, según el Artículo 2, ratifica al aportante, en este caso a PROENSALUD, tal como se debió registrar ante el Ministerio de Trabajo con sus relaciones con los afiliados participes.

Es un deber denunciar ante la opinión pública y ante los organismos de vigilancia y control este nuevo atropello por parte de los llamados SINDICATOS PATRONALES que hacen uso de la figura del CONTRATO SINDICAL, como forma burda de burlarse de los trabajadores y como una clara muestra de lo que es la INTERMEDIACIÓN LABORAL.  Sé que ASMEDAS, nuestro sindicato médico, muy diferente a PROENSALUD, se sumará a estas denuncias, elevará las consultas ante los organismos competentes para aclarar esta situación y ampliará la investigación de estos y otros atropellos que comete la IPS UNIVERSITARIA bajo el amparo de la Universidad de Antioquia.

Medellín, 7 de septiembre de 2015

El por qué de los elementos de la Ley Estatutaria de Salud

Medellín, 16 Febrero 2015

Publicado en: http://asmedasantioquia.org/ley-estatutaria-salud/otras-organizaciones-salud/6504-el-por-que-de-los-elementos-de-la-ley-estatutaria-de-salud

Por:  Hernán Gaviria Quintero
Especialista en Salud Pública y Gerencia de Servicios de Salud
Docente de Posgrados en Seguridad Social
E-mail: hgaviriaq@gmail.com

Algunos estudiantes, incluso de postgrados, se preguntan por qué el legislador en la Ley Estatutaria decidió incorporar elementos y principios en sus enunciados.  Usualmente las leyes se componen de una estructura, entre otras, de un objeto, de unos principios y de unos derechos y deberes.  Pero esta vez decidió, de manera expresa, incluir en el capítulo relativo a los principios, el de los elementos, esenciales e interrelacionados: disponibilidad, aceptabilidad, accesibilidad y calidad e idoneidad profesional.  Así, quedaron incorporados cuatro elementos y catorce principios.  Dicen los teóricos que “Los principios son normas que ordenan que algo sea realizado, en la mayor medida posible, dentro de las posibilidades jurídicas existentes.  Por lo tanto, los principios son mandatos de optimización”1  y, por consiguiente, existen mecanismos idóneos para hacerlos cumplir, en este caso tutelables por tratarse de derechos fundamentales; mas este amparo no cabría con respecto a los elementos.  Como lo hizo en relación con otros artículos, desentonó la Procuraduría en su concepto de revisión de la Ley Estatutaria al solicitar la inconstitucionalidad de la palabra “e interrelacionados” referido a los elementos, puesto que, según ella, podría dar lugar a la interpretación de privilegiar algunos de los principios sobre los demás, lo que conllevaría a “una limitación del acceso a la salud por incertidumbre o duda en la aplicación de los mismo”2.

Fue enfática la Corte al acoger la validez de la incorporación de los elementos como interrelacionados y su calificación como esenciales, puesto que el Comité3  ya los había incluido al configurar el contenido indispensable del derecho y porque cercenar alguno de ellos podría eliminar el derecho mismo.  Por su interrelación, la afectación de uno de esos cuatro elementos “pone en riesgo a los otros y, principalmente, al mismísimo derecho.  Si bien es cierto, se trata de elementos distinguibles desde una perspectiva teórica, todos deben ser satisfechos para lograr el goce efectivo pleno del derecho.  No entiende cómo se realizaría este último, si, por ejemplo, se predicase la nuda disponibilidad sin calidad o, más aún, sin acceso”4.  De esta manera, el reto es exigir el cumplimiento inseparable de estos elementos, como por ejemplo la disponibilidad por medio del cual el Estado debe “garantizar la existencia de servicios y tecnologías e instituciones de salud, así como programas de salud y personal médico profesional competente”5.  Una bofetada por parte de la Corte a las leyes condicionadas del mercado de la oferta y la demanda, la competencia regulada y la eficiencia y sus lecturas restrictivas.

También la aceptabilidad referida a la “dimensión de la autonomía de las personas como portadoras de una identidad cultural, una convicciones y una cosmovisión”, lo que obligará a una revisión, entre otras, a los protocolos de atención homogéneos impuestos en todo el territorio nacional sin diferenciación alguna.

La accesibilidad, si bien es cierto fue incorporada en el Artículo 49 de la Constitución, como derecho ha sido vulnerado, por ejemplo en casos de VIH o en algunas crisis humanitarias, entendida no solamente como limitantes de tipo físico, sino económica o de acceso a la información.  A manera de ejemplo, cuando se dilató igualar los planes de beneficios entre el Régimen Contributivo y el Régimen Subsidiado como limitante económica.

Por supuesto que el elemento de calidad no puede ser entendido en los contextos de la Ley 100 de 1993, como elemento diferenciador de mercado, junto a la libre elección y la eficiencia, por ese “conjunto de características técnico-administrativas, materiales y humanas […] para alcanzar los efectos posibles […] a un costo que sea, social y económicamente, viable para el sistema y sus afiliados”6 o como lo dicen los programas de calidad para “mejorar el desempeño, los resultados y otros aspectos, así como reducir los costos de la institución”7.  La calidad y la idoneidad profesional, en advertencia de la Corte, “una prestación sin calidad, se puede tornar en una verdadera negación del servicio, pues la atención sanitaria deficiente impide acceder al servicio que brinda el goce efectivo del derecho”.  Es decir, se refiere a estándares de atención óptimos para el paciente, mas no a parámetros de eficiencia social o económica.  Pero va mas allá la sentencia que, conforme a las orientaciones del Comité8, a los componentes de calidad del derecho se deben incorporar “los medicamentos y equipo hospitalario científicamente aprobado, en buen estado, agua limpia potable y condiciones sanitarias adecuadas”9 como elementos faltantes, puesto que, de no ser así, se reduciría la garantía del derecho.

En gran parte del país, la vulneración de algunos de estos elementos ha sido la constante, tal como lo demuestran las estadísticas relacionadas con la acción de tutela.  La red hospitalaria, en sus distintos niveles de atención, ha sido incapaz de cumplirlos o porque los responsables del aseguramiento, Empresas Promotoras de Salud, les han impuesto todo tipo de talanqueras, o porque la trasferencia del riesgo, según la modalidad del tipo de contratación, los ha llevado a notorias pérdidas.  Luego surgen nuevas banderas en la reivindicación del derecho fundamental a la salud que no darán espera a que se dicten las normas reglamentarias del caso, sino que desde ya se puede invocar el amparo constitucional como bien claro lo han tenido los pacientes.

Medellín, 15 de febrero de 2015

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1.  Robert, Alexy (1989) Teoría de la Argumentación Jurídica, Madri-España

2.  Corte Constitucional, Sentencia C 313/2014 pág. 290

3.  Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General No.14/2000, parte del Pacto Internacional por los DESC de las Naciones Unidas, del cual Colombia hace parte
 
4. Corte Constitucional, Sentencia C 313/2014 pág.297
 
5. Corte Constitucional, Sentencia C 313/2014 pag. 298
 
6. República de Colombia, Ministerio de Salud, Resolución 5261 de 1994

7.  Quiroz, Héctor Manuel. Fundamentos & Legislación de la Calidad y Auditoría en Salud, Medellín-Colombia,  Editorial Zuluaga, 2001

8.  Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General No.14/2000,parte del Pacto Internacional por los DESC de las Naciones Unidas, del cual Colombia hace parte

9.  Corte Constitucional, Sentencia C 313/2014, pág. 301